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Page 1
de la j
análisis multidisciplinario
urisprudencia del tribunal constitucional
JULIO 2011
TOMO
DIRECTORES
Jorge Avendaño Valdez
Jorge Santistevan de Noriega
Víctor García Toma
Av. Angamos Oeste Nº 526 - Miraflores / Lima - Perú
Central Telefónica: 710-8900 / Telefax: 241-2323
E-mail: [email protected]
4
3
constitucional
G A C E TA
Page 2
GACETA CONSTITUCIONAL (T. 43)
PRIMERA EDICIÓN / JULIO 2011
2,560 EJEMPLARES
© COPYRIGHT GACETA JURÍDICA
PRIMER NÚMERO, ENERO 2008
IMPRESO EN:
IMPRENTA EDITORIAL EL BÚHO E.I.R.L.
SAN ALBERTO 201 - SURQUILLO - LIMA 34 - PERÚ
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
Derechos reservados. D. Leg. N° 822
Gaceta Jurídica S.A. no se solidariza necesariamente con las opiniones
vertidas por los autores en los artículos publicados en esta edición.
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2008-02771 (T. 43)
ISSN VERSIÓN IMPRESA: 1997-8812
REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221101526
JULIO 2011
TOMO 43
SUMARIO
constitucional
G A C E T A
DIRECTORES
Jorge Avendaño Valdez
Jorge Santistevan de Noriega
Víctor García Toma
COMITÉ CONSULTIVO
Alberto Borea Odría
Ricardo Beaumont Callirgos
Samuel Abad Yupanqui
Carlos Mesía Ramírez
Luis Lamas Puccio
Gerardo Eto Cruz
Jorge Toyama Miyagusuku
Edgar Carpio Marcos
Luis Castillo Córdova
Luis Sáenz Dávalos
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
Ernesto Álvarez Miranda
César Abanto Revilla
Eugenia Ariano Deho
Omar Sar Suárez
COORDINADOR GENERAL
Juan Manuel Sosa Sacio
COORDINADORA EJECUTIVA
Yolanda Soledad Tito Puca
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Maribel Achulli Espinoza
Gabriela Jesús Oporto Patroni
Silvia M. C. Escalante Rosadio
COLABORADORES
PERMANENTES
Manuel Alberto Torres Carrasco
Juan Carlos Esquivel Oviedo
Percy Revilla Llaza
Miriam Mabel Tomaylla Rojas
Elmer N. Huamán Estrada
Renzo Cavani Brain
Gustavo Urquizo Videla
Olivia Blanca Capcha Reymundo
Luis Cárdenas Rodríguez
Catherine Sevilla Torello
Franco Montoya Castillo
Juan Sánchez Córdova
DIRECTOR LEGAL
Manuel Muro Rojo
SUBDIRECTOR LEGAL
Federico Mesinas Montero
.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Carlos Hidalgo De La Cruz
Erika L. Cuadros Grados
Miguel A. Salinas Arica
CORRECCIÓN DE TEXTOS
Yuriko Saito Gutiérrez
DIRECTOR COMERCIAL Y
DE MARKETING
César Zenitagoya Suárez
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
Boritz Boluarte Gómez
Page 183
GACETA CONSTITUCIONAL N° 43
ANÁLISIS Y CRÍTICA
185
graves’ y que uno de los factores que influían
en ese contexto era la opinión pública”.
El TC entiende que los instrumentos conven-
cionales de derechos humanos obligaban al
Estado peruano a cumplir con sus obligacio-
nes internacionales, entre ellas la obligación
de garantizar el goce y pleno ejercicio de los
derechos protegidos por estos instrumentos,
que “implica el deber para los Estados partes
de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces de ase-
gurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos. Como consecuen-
cia de esta obligación los Estados deben pre-
venir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos por la Convención y
procurar además, si es posible, el restableci-
miento del derecho conculcado y, en su caso,
la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos”21.
Sobre el particular, creemos que el TC tomó
una buena decisión en el caso comentado, aun-
que pudo haber realizado un mejor análisis de
este.
A) Deficiencias para explicar la interpre-
tación “convencional” realizada por el
Tribunal Constitucional peruano
Si bien el TC resolvió el caso mediante un aná-
lisis de jerarquía de tratados internacionales –
al brindarle prioridad a la Convención Ameri-
cana sobre de Derechos Humanos respecto al
Tratado de Extradición entre la República del
Perú y la República Popular China– no llega
a explicar y desarrollar los argumentos que lo
llevan a esta decisión.
Esto es porque el TC pudo usar lo expues-
to por la Corte IDH sobre la aplicación de la
Convención y la efectiva protección de los
derechos que ella contiene. Sobre este particu-
lar, la Corte IDH ha referido en el caso Tri-
bunal Constitucional vs. Perú, párrafo 68, lo
siguiente:
“El respeto a los derechos humanos consti-
tuye un límite a la actividad estatal, lo cual
vale para todo órgano o funcionario que se
encuentre en una situación de poder, en ra-
zón de su carácter oficial, respecto de las
demás personas. Es así, ilícita, toda forma
de ejercicio del poder público que viole los
derechos reconocidos por la Convención
(...)”22.
La vinculación directa entre la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional peruano tiene una doble ver-
tiente: por un lado reparadora, pues interpre-
tado el derecho fundamental vulnerado a la luz
de las decisiones de la Corte, queda optimiza-
da la posibilidad de dispensársele una adecua-
da y eficaz protección; y, por otro preventiva,
pues mediante su observancia se evitan las ne-
fastas consecuencias institucionales que aca-
rrean las sentencias condenatorias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para la
seguridad jurídica del Estado peruano23.
Sobre esa base, el TC ha señalado que:
“[A]l Tribunal Constitucional (…) no le
queda más que ratificar su reiterada doc-
trina, imprescindible para garantizar los
derechos fundamentales, bien se trate de
procesos jurisdiccionales, administrativos
o políticos: que las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son
vinculantes para todos los poderes públi-
cos y que esta vinculatoriedad no se agota
en su parte resolutiva, sino que se extien-
de a la ratio decidendi, incluso en aquellos
casos en los que el Estado peruano no haya
sido parte en el proceso”24.
21 PINTO, Mónica. Temas de derechos humanos. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 71.
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional vs Perú. Sentencia del 24 de setiembre de 1999,
párr. 68.
23 STC Exp. N° 0007-2007-PI/TC, f. j. 26.
24 Ibídem, f. j. 36.
Page 184
A NÁLISIS PENAL Y PROCESAL PENAL
186
Adviértase que el TC sostiene que este carác-
ter vinculante va más allá de los procesos ju-
risdiccionales, alcanzando a las autoridades
como el Congreso de la República y el Poder
Ejecutivo. En el caso, este último ha sido obli-
gado a abstenerse de extraditar al ciudadano
chino Wong Ho Wing a la República Popu-
lar China.
No es la única vez que el TC ha reconocido lo
antes mencionado, ya que en otra ocasión ex-
plicó que:
“De conformidad con la IV Disposición
Final y Transitoria de la Constitución Po-
lítica del Estado, los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución deben in-
terpretarse de conformidad con los trata-
dos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por el Estado peruano.
Tal interpretación, conforme con los trata-
dos sobre derechos humanos, contiene, im-
plícitamente, una adhesión a la interpreta-
ción que, de los mismos, hayan realizado
los órganos supranacionales de protección
de los atributos inherentes al ser humano y,
en particular, el realizado por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, guar-
dián último de los derechos en la región”25.
Es por ello que creemos que el TC debió uti-
lizar lo resuelto por la Corte IDH, así como
su propia jurisprudencia porque de esta forma
pudo haber logrado una mejor motivación de
la sentencia analizada en este informe.
B) La inaplicación del principio pro homine
en este caso
Como ya hemos mencionado en el aparta-
do anterior, la nueva jerarquía constitucional
de los instrumentos internacionales implica
consecuencias adicionales como el deber de
aplicar en el ámbito interno los criterios de in-
terpretación propios del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos26.
Entre estos principios tenemos el pro homine,
que obliga al intérprete a seleccionar y aplicar
la norma que en cada caso resulte más favora-
ble para la persona humana, para su libertad y
sus derechos, cualquiera sea la fuente que la
suministre, ya sea interna o internacional27. En
efecto, el principio pro homine es “un criterio
hermenéutico que informa todo el Derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual, se
debe acudir a la norma más amplia, o interpre-
tación más extensiva, cuando se trate de reco-
nocer derechos protegidos e, inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones per-
manentes al ejercicio de los derechos o su sus-
pensión extraordinaria. Este principio coin-
cide con el rasgo fundamental del Derecho de
los derechos humanos, eso es, estar siempre a
favor del hombre”28.
De acuerdo con este principio, el intérprete
que se enfrenta a un caso concreto en el que
dos distintos derechos pueden entrar en coli-
sión, debe aplicar de forma preferente algu-
nos de ellos, siempre y cuando haya realizado
antes un ejercicio de ponderación entre ellos.
Por ejemplo, varios tribunales constituciona-
les han sostenido que la libertad de expresión
y la libertad de prensa tienen un valor prefe-
rente frente a derechos como el de intimidad
u honor, en virtud a que tales libertades tienen
un papel esencial para la construcción de una
opinión pública libre que, a su vez, es condi-
ción necesaria de todo sistema democrático29.
Por lo mismo, no cabe duda que la aplicación
del principio pro homine debe ser el punto de
partida para una adecuada interpretación de
25 STC Exp. N° 0217-2002-HC/TC, f. j. 2.
26 PINTO, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”. En:
AA. VV. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 163.
27 BIDART CAMPOS, Germán. Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino. Tomo I-A, Ediar, Buenos Aires, 2000,
p. 390.
28 PINTO, Mónica. Ob. cit., p. 163.
29 CARBONELL, Miguel. “La libertad de expresión en la Constitución mexicana”. En: Derecho Comparado de la Información. N° 3,
México, enero-junio de 2004, pp. 3-59.
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Víctor García Toma
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SAN ALBERTO 201 - SURQUILLO - LIMA 34 - PERÚ
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ISSN VERSIÓN IMPRESA: 1997-8812
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TOMO 43
SUMARIO
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Víctor García Toma
COMITÉ CONSULTIVO
Alberto Borea Odría
Ricardo Beaumont Callirgos
Samuel Abad Yupanqui
Carlos Mesía Ramírez
Luis Lamas Puccio
Gerardo Eto Cruz
Jorge Toyama Miyagusuku
Edgar Carpio Marcos
Luis Castillo Córdova
Luis Sáenz Dávalos
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
Ernesto Álvarez Miranda
César Abanto Revilla
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COORDINADOR GENERAL
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COORDINADORA EJECUTIVA
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
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COLABORADORES
PERMANENTES
Manuel Alberto Torres Carrasco
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Gustavo Urquizo Videla
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Luis Cárdenas Rodríguez
Catherine Sevilla Torello
Franco Montoya Castillo
Juan Sánchez Córdova
DIRECTOR LEGAL
Manuel Muro Rojo
SUBDIRECTOR LEGAL
Federico Mesinas Montero
.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Carlos Hidalgo De La Cruz
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DE MARKETING
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ANÁLISIS Y CRÍTICA
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graves’ y que uno de los factores que influían
en ese contexto era la opinión pública”.
El TC entiende que los instrumentos conven-
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Estado peruano a cumplir con sus obligacio-
nes internacionales, entre ellas la obligación
de garantizar el goce y pleno ejercicio de los
derechos protegidos por estos instrumentos,
que “implica el deber para los Estados partes
de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces de ase-
gurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos. Como consecuen-
cia de esta obligación los Estados deben pre-
venir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos por la Convención y
procurar además, si es posible, el restableci-
miento del derecho conculcado y, en su caso,
la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos”21.
Sobre el particular, creemos que el TC tomó
una buena decisión en el caso comentado, aun-
que pudo haber realizado un mejor análisis de
este.
A) Deficiencias para explicar la interpre-
tación “convencional” realizada por el
Tribunal Constitucional peruano
Si bien el TC resolvió el caso mediante un aná-
lisis de jerarquía de tratados internacionales –
al brindarle prioridad a la Convención Ameri-
cana sobre de Derechos Humanos respecto al
Tratado de Extradición entre la República del
Perú y la República Popular China– no llega
a explicar y desarrollar los argumentos que lo
llevan a esta decisión.
Esto es porque el TC pudo usar lo expues-
to por la Corte IDH sobre la aplicación de la
Convención y la efectiva protección de los
derechos que ella contiene. Sobre este particu-
lar, la Corte IDH ha referido en el caso Tri-
bunal Constitucional vs. Perú, párrafo 68, lo
siguiente:
“El respeto a los derechos humanos consti-
tuye un límite a la actividad estatal, lo cual
vale para todo órgano o funcionario que se
encuentre en una situación de poder, en ra-
zón de su carácter oficial, respecto de las
demás personas. Es así, ilícita, toda forma
de ejercicio del poder público que viole los
derechos reconocidos por la Convención
(...)”22.
La vinculación directa entre la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional peruano tiene una doble ver-
tiente: por un lado reparadora, pues interpre-
tado el derecho fundamental vulnerado a la luz
de las decisiones de la Corte, queda optimiza-
da la posibilidad de dispensársele una adecua-
da y eficaz protección; y, por otro preventiva,
pues mediante su observancia se evitan las ne-
fastas consecuencias institucionales que aca-
rrean las sentencias condenatorias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para la
seguridad jurídica del Estado peruano23.
Sobre esa base, el TC ha señalado que:
“[A]l Tribunal Constitucional (…) no le
queda más que ratificar su reiterada doc-
trina, imprescindible para garantizar los
derechos fundamentales, bien se trate de
procesos jurisdiccionales, administrativos
o políticos: que las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son
vinculantes para todos los poderes públi-
cos y que esta vinculatoriedad no se agota
en su parte resolutiva, sino que se extien-
de a la ratio decidendi, incluso en aquellos
casos en los que el Estado peruano no haya
sido parte en el proceso”24.
21 PINTO, Mónica. Temas de derechos humanos. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 71.
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tribunal Constitucional vs Perú. Sentencia del 24 de setiembre de 1999,
párr. 68.
23 STC Exp. N° 0007-2007-PI/TC, f. j. 26.
24 Ibídem, f. j. 36.
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chino Wong Ho Wing a la República Popu-
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No es la única vez que el TC ha reconocido lo
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plicó que:
“De conformidad con la IV Disposición
Final y Transitoria de la Constitución Po-
lítica del Estado, los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución deben in-
terpretarse de conformidad con los trata-
dos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por el Estado peruano.
Tal interpretación, conforme con los trata-
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plícitamente, una adhesión a la interpreta-
ción que, de los mismos, hayan realizado
los órganos supranacionales de protección
de los atributos inherentes al ser humano y,
en particular, el realizado por la Corte In-
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Es por ello que creemos que el TC debió uti-
lizar lo resuelto por la Corte IDH, así como
su propia jurisprudencia porque de esta forma
pudo haber logrado una mejor motivación de
la sentencia analizada en este informe.
B) La inaplicación del principio pro homine
en este caso
Como ya hemos mencionado en el aparta-
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consecuencias adicionales como el deber de
aplicar en el ámbito interno los criterios de in-
terpretación propios del Derecho Internacio-
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Entre estos principios tenemos el pro homine,
que obliga al intérprete a seleccionar y aplicar
la norma que en cada caso resulte más favora-
ble para la persona humana, para su libertad y
sus derechos, cualquiera sea la fuente que la
suministre, ya sea interna o internacional27. En
efecto, el principio pro homine es “un criterio
hermenéutico que informa todo el Derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual, se
debe acudir a la norma más amplia, o interpre-
tación más extensiva, cuando se trate de reco-
nocer derechos protegidos e, inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones per-
manentes al ejercicio de los derechos o su sus-
pensión extraordinaria. Este principio coin-
cide con el rasgo fundamental del Derecho de
los derechos humanos, eso es, estar siempre a
favor del hombre”28.
De acuerdo con este principio, el intérprete
que se enfrenta a un caso concreto en el que
dos distintos derechos pueden entrar en coli-
sión, debe aplicar de forma preferente algu-
nos de ellos, siempre y cuando haya realizado
antes un ejercicio de ponderación entre ellos.
Por ejemplo, varios tribunales constituciona-
les han sostenido que la libertad de expresión
y la libertad de prensa tienen un valor prefe-
rente frente a derechos como el de intimidad
u honor, en virtud a que tales libertades tienen
un papel esencial para la construcción de una
opinión pública libre que, a su vez, es condi-
ción necesaria de todo sistema democrático29.
Por lo mismo, no cabe duda que la aplicación
del principio pro homine debe ser el punto de
partida para una adecuada interpretación de
25 STC Exp. N° 0217-2002-HC/TC, f. j. 2.
26 PINTO, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”. En:
AA. VV. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 163.
27 BIDART CAMPOS, Germán. Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino. Tomo I-A, Ediar, Buenos Aires, 2000,
p. 390.
28 PINTO, Mónica. Ob. cit., p. 163.
29 CARBONELL, Miguel. “La libertad de expresión en la Constitución mexicana”. En: Derecho Comparado de la Información. N° 3,
México, enero-junio de 2004, pp. 3-59.
