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252 ENSAYOS SOBRE EL DERECHO DE AMPARO

por cienas instituciones de las naciones hispánicas del Nuevo Mundo, y así tenemos
que la Constitución de 1931 recoge el recurso de amparo (que a su vez había sido
tomado de la legislación aragonesa), que aparece en la Constitución mexicana de
1917 [ ... ]".74

49. Es conveniente anotar que si bien la institución española recibió en la cana
fundamental de 1931, como ahora en la de 1978, el nombre de "recurw de
amparo", en el anteproyecto redactado por la Comisión Jwídica Asesora que sirvió
de base para las discusiones parlamentarias en el seno del Constituyente de 1931,
proponía en su artículo lOO la creación de una alta jurisdicción constitucional, que
entre otras funciones tenía la del conocimiento del juicio de amparo, cuando
hubiere resultado ineficaz la gestión ante otras autoridades," 10 que nos convence
con mayor fuerza, en el caso de existir alguna duda, sobre el ascendiente de nuestra
institución.

50. Finalmente, también debe tomarse en cuenta que la imagen del juicio de
amparo mexicano que difundió en España Reyes no era la que correspondía a la
evolución de la institución, recogida en el artículo 107 de la carta federal de 5 de
febrero de 1917, sino más bien el concepto clásico y primario de la uúsma, si
citamos la definición del jurista mexicano que la consideraba como el "remedio
constitucional, por su origen y su forma juicio, por su objeto recurw, que lleva por
finalidad restituir al sujeto quejoso en el goce de las garantías individuales y en
general constitucionales, que una ley o un acto de cualquier autoridad le lesionan,
o que la autoridad federal o las de los Estados federados vuelvan a sus respectivas
órbitas cuando mutuamente se invadan. Este juicio sumarisimo es seguido dentro
de fórmulas judiciales y solicitado siempre por individuo lesionado, ampara sólo
en el caso concreto sin hacer declaraciones ni producir efectos generales". 76

VI. EL AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN REPUBUCANA DE 1931

51. El recurw de amparo de garantías constitucionales fue intrOducido por los
artículos 105 Y 121, inciso b), de la Constitución republicana del 9 de diciembre
de 1931, Y regulado en forma bastante escueta por el título IV, artículos 44 a 53, de
la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933, con
reformas de 10 de julio y 9 de septiembre del uúsmo año, así como por el título
VII, artículos 76 a 82 del Reglamento del propio Tribunal de Garantías, formulado
por él uúsmo. n

74 "Influencia del derecho español enLatinoamérica". cnAmuJriotk Estudios .4tMriccuws. Sevilla.
1966. p. 18t8.

75 Cfr. Reyes. Rodolfo. La tkfensa constitucional. Cil supra nota 73. p. 52.
76 Op. cit. 6ltimamente. p. 33.
n Tanto la parte relativa de la Ley Orgánica como del Reglamento meoc:ionados. pueden

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EL AMPARO EN MÉXIco y EN ESPAÑA 253

52. De acuerdo con el artículo 45 de la referida Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales, para la procedencia del amparo se requería:

53. a) Que existiera un acto concreto de autoridades gubernativa, judicial o de
cualquier otro orden que con respecto a un individuo determinado hubiese infrin-
gido alguno de los derechos fundamentales consagrados por la ley suprema.

54. b) Que no hubiese sido admitida o resuelta la petición de amparo dentro del
plazo legal por el Tribunal de Urgencia previsto por el artículo 105 de la mencio-
nada Constitución republicana, o que dicho tribunal hubiese dictado resolución
denegatoría.

55. De manera que el Tribunal de Garantías venía a ser un órgano de última
instancia para los asuntos de amparo, los cuales se encomendaban en primer grado
a los llamados Tribunales de Urgencia, previstos por el invocado artículo 105 de
la propia ley fundamental, que establecía: "La ley organizará Tribunales de Urgen-
cia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales". 78

56. Como dichos tribunales no llegaron a establecerse ni tampoco a expedir-
se la ley orgánica respectiva, la tramitación se efectuó de acuerdo con lo previsto
por la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales, de acuerdo con la cual: "Mientras no estén constituidos
los tribunales de urgencia a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, no
podrá interponerse el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías sin el
requisito previo de que haya resultado ineficaz la reclamación ante la autoridad
competente. Se entenderá por autoridad competente, a los efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, el superior jerárquico inmediato del agente o autoridad que
haya causado el agravio. La reclamación se formuiará en el plazo de cinco días
siguientes, transcurridos los cuales sin resolución se considerará denegada".

57. En los términos del artículo 47 de la Ley Orgánica referida el recurso de
amparo podía ser interpuesto por la persona que se considerara agraviada, utili-
zándose una terminología similar a la de la Ley de Amparo mexicana,79 pero
también podía presentarse por cualquier ciudadano o persona jurídica .. lo que
significaba la introducción de una verdadera acción popular, y en ese supuesto se
exigía a quien no fuese el agraviado una caución establecida por la Sala del Tribunal
de Garantías a la cual se encomendara el conocimiento del asunto.

58. Segón los preceptos relativos, el procedimiento debería ser breve y suma-
rio, con una vista que podía ser pública, segón el criterio discrecional de la Sala

consultarse en el citado libro de Rodolfo Reyes: La ehfensa constitucional, cit. supra nota 73, págs.
379-380 y 395-396.

78 Cfr. Pérez Serrano. Nicolás. La Constituci6n espaíWla (9 eh diciembre eh 1931 J. Antecedentes,
texto, comentarios. Madrid. 1932. pp. 304-30S.

79 En la parte relativa del artículo So, fracción 1, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo S-.
Son partes en el juicio de amparo: L El agraviado o agraviados [ ... ]" Sobre el concepto de agravio, cfr.
Burgoa Orihuela. Ignacio, Eljuicio eh amparo, cito supra nota 32, pp. 327-331.

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entre lo~ cuales se encuentran, por una pane, el respeto al principio fundamental
de la igualdad de los gobernados ante la ley, y por la otra, la ineficacia de la decisión
particular, con el propósito, como decía Tocqueville, de que la ley se vea herida
por casualidad y sólo caiga bajo los golpes redoblados de la jurisprudencia, en esta
época que es preciso reprimir con celeridad las violaciones de la carta fundamental,
no sólo por razones de justicia, sino también de seguridad jurídica. Es además, como
opera de hecho la revisión judicial en Estados Unidos, en cuyo ordenamiento surgió
la fórmula de los efectos particulares, cuando el fallo proviene de la Corte Suprema
Federal, el cual es obedecido de inmediato no sólo por los tribunales sino también
por todas las autoridades del país, incluso en relación con asuntos similares, en los
cuales tenga aplicación la ley declarada contraria a la carta federal.

VII. CONCLUSIONES

126. De acuerdo con las reflexiones anteriores, es posible llegar a las siguientes
conclusiones, expresadas brevemente:

127. Primera. La legislación de amparo ha experimentado varias reformas
sustanciales a partir de la vigencia del ordenamiento de 1936, entre las cuales
destacan las promulgadas en 1950 y 1967. En las primeras se crearon los tribunales
colegiados de circuito, de acuerdo con el modelo de los de circuito de apelación,
introducidos en los Estados Unidos a fines del siglo pasado, en ambos casos con el
objeto esencial de auxiliar al máximo tribunal; pero como en pocos años el
problema del rezago volvió a afectar a la Suprema Corte de Justicia, fue necesaria
la segunda reforma, que entró en vigor en octubre de 1968, y en la cual se adoptaron
criterios de selección apoyados en la importancia económica, social o jurídica de
los juicios de amparo, conservando la Suprema Corte de Justicia el conocimiento
de los de mayor trascendencia y encomendando los restantes a los citados tribunales
colegiados, cuyo número se aumentó de manera paulatina.

128. Segunda. A pesar de las modificaciones anteriores, el rezago golpeó
nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y en particular, en cuanto a su
conocimiento del juicio de amparo, por lo que se tomaron dos medidas para
solucionar este problema: la primera ha consistido en aumentar nuevamente el
número de los tribunales colegiados, y la segunda, en ampliar las facultades
discrecionales que se introdujeron en 1968 para la segunda sala de la Suprema
Corte, y en 1983 y 1985 las de las restantes salas del más alto tribunal y también
las del tribunal en pleno en los amparos contra leyes inconstitucionales; lo que
permitirá a la propia Corte elegir sólo aquellos juicios de amparo que tengan una
verdadera importancia nacional, especialmente los que plantean controversias
estrictamente constitucionales.

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LA REFORMA EN EL DERECHO DE AMPARO 509

129. Tercera. Además de esas facultades discrecionales existen otras dos
cuestiones que en un futuro no muy lejano pueden acentuar el carácter constitucio-
nal de la Suprema Corte. e inclusive transformarla en un verdadero tribunal
constitucional especializado. Por una pane.la revisión del criterio relativo al juicio
de amparo contra la violación de ciertos derechos políticos individuales y colecti-
vos. especialmente algunos de los establecidos en virtud de la reforma de diciembre
de 1977. excluyendo los relacionados directamente con los procedimientos electo-
rales.

130. Cuana. La culminación de este desarrollo se advierte en la necesidad de
adoptar el principio de la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes
impugnadas a través del juicio de amparo. con lo cual se superaría la "fórmula
Otero" que ya cumplió su misión histórica. según el ejemplo de otros ordenamien-
tos latinoamericanos que han consagrado este principio. Debido a la larga tradición
de desaplicación con efectos particulares. podrán establecerse soluciones interme-
dias y transitorias. de las cuales también existen modeJos en nuestro continente.

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