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AV. ANGAMOS OESTE 526 - MIRAFLORES
www.gacetaconstitucional.com.pe
(01) 710-8950 / 710-8900 TELEFAX: (01) 241-2323
creadas por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional
Compendio de instituciones procesales
Page 2
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL
DERECHOS RESERVADOS
D.LEG. Nº 822
PRIMERA EDICIÓN
DICIEMBRE 2009
3,330 ejemplares
© Gaceta Jurídica S.A.
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2009-16474
LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED
ISBN: 978-612-4038-56-3
REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL
31501220900968
DISEÑO DE CARÁTULA
Martha Hidalgo Rivero
DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES
José Luis Rivera Ramos
ANGAMOS OESTE 526 - MIRAFLORES
LIMA 18 - PERÚ
CENTRAL TELEFÓNICA: (01)710-8900
FAX: 241-2323
E-mail: [email protected]
GACETA JURÍDICA S.A.
Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
San Alberto 201 - Surquillo
Lima 34 - Perú
COMPENDIO DE INSTITUCIONES
PROCESALES CREADAS
POR LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AUTORES
SOFÍA LILIANA SALINAS CRUZ
ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI
CYNTHIA VILA ORMEÑO
CLEMENTINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FUENTES
KATHERINE FIORELLA YESQUEN LIHIM
OMAR CAIRO ROLDÁN
CATHERINE SEVILLA TORELLO
ANA CRISTINA NEYRA ZEGARRA
YOLANDA SOLEDAD TITO PUCA
JAIME ESCOBEDO SÁNCHEZ
LUIS R. SÁENZ DÁVALOS
FERNANDO VELEZMORO PINTO
HUMBERTO LUIS CUNO CRUZ
JOSÉ RODOLFO NAUPARI WONG
ALAN CÉSAR MARTÍNEZ MORÓN
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Instituciones procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
192
que “nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial de tipo
latino, en virtud del cual el notario es un profesional de Derecho que, en
forma imparcial e independiente, ejerce una función pública, consistente
en autenticar, redactar, conservar y reproducir los documentos, así como
asesorar de manera imparcial a quienes soliciten su intervención, inclu-
yéndose la certifi cación de hechos. Dicha intervención notarial implica,
pues, una doble misión: dar fe pública y forma a los actos para así garan-
tizar seguridad jurídica no solo a las partes sino también a los terceros”
(el resaltado es nuestro).
El asunto quedó más claro con la reciente RTC Exp. N° 03961-2008-
PC/TC (26/05/2009); la importante función del notario público no im-
plica que este deba ser considerado como una autoridad o funcionario,
pues actúa a nombre y por cuenta propia, aunque bajo la supervisión del
Estado, sin que sus actos comprometan a la Administración dado que no
existe la típica relación Administración-administrado. Es por ello que en
aquella ocasión la demanda de cumplimiento fue declarada improcedente
al haberse interpuesto contra un sujeto que no puede ser considerado fun-
cionario o autoridad pública para ser demandado en un proceso como el
que venimos analizando, un notario.
Apréciese que lo que resulta imposible en un proceso de cumplimien-
to –la posibilidad de demandar a un notario público en tanto funcionario–
resulta totalmente admisible en un proceso de distinta naturaleza, como
el hábeas data. Es así como el Tribunal Constitucional(26) ha señalado que
el notario público, “en su calidad de profesional del Derecho autorizado
por el Estado para brindar un servicio público en el ejercicio de su fun-
ción pública, comparte la naturaleza de cualquier funcionario público en
cuanto a la información que genera. En esa medida, toda la información
que el notario origine en el ejercicio de la función notarial y que se en-
cuentre en los registros que debe llevar conforme a la ley sobre la ma-
teria, constituye información pública, encontrándose la misma dentro de
los alcances del derecho fundamental del acceso a la información, sobre
todo si se tiene en cuenta que en el servicio notarial es el notario el único
responsable de las irregularidades que se cometan en el ejercicio de tal
función” (el resaltado es nuestro).
(26) Cfr. SSTC Exps. N°s 00301-2004-HD/TC y 4566-2004-HD/TC.
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El proceso de cumplimiento
193
4. El cumplimiento o ejecución de un acto administrativo
firme
En este caso el deber funcional contemplado en el artículo 66.1 del
Código Procesal Constitucional está referido a la ejecución del mandato
contenido en un acto administrativo fi rme.
Como ya hemos señalado supra, la conocida sentencia del caso Villa-
nueva Valverde establece que cuando estemos frente al cumplimiento de
un acto administrativo (además de los requisitos comunes que establece
para este, una norma legal y la orden de emisión de una resolución) son
también requisitos: reconocer un derecho incuestionable del reclamante y
permitir individualizar al benefi ciario.
Ello sucedió en el caso del Exp. N° 01858-2008-PC/TC, donde se so-
licitaba que se ordene el cumplimiento de dos resoluciones administrati-
vas, la Resolución Ministerial N° 059-2003-TR y la Resolución Suprema
Nº 034-2004-TR, de modo que se reincorpore a los demandantes en
sus puestos de trabajo en el Congreso de la República. El Colegiado
Constitucional analiza y determina que el mandato contenido en dichos
actos administrativos cumple con los requisitos establecidos en preceden-
te vinculante establecido en el Exp. N° 00168-2005-PC/TC.
En efecto, el Tribunal al resolver comprueba que la Resolución
Ministerial N° 059-2003-TR expresamente incluye a los demandantes en
la segunda lista de extrabajadores califi cados como cesados irregularmen-
te de sus puestos de trabajo; asimismo, utiliza los criterios del menciona-
do precedente para fundamentar el fallo estimatorio:
“En el presente caso este Tribunal considera que el mandato conteni-
do en las resoluciones referidas cumple los requisitos mínimos comu-
nes que establece el fundamento 14 de la STC N° 00168-2005-PC/
TC, porque a) no han sido declaradas nulas ni derogadas; b) contienen
un mandato claro y cierto, consistente en la inscripción en el Registro
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y en el acogimien-
to de alguno de los benefi cios regulados en el artículo 3 de la Ley
Nº 27803, que es la reincorporación; c) reconocen el derecho de los
demandantes de acogerse al benefi cio de la reincorporación; y, d) por-
que los demandantes se encuentran individualizados como benefi cia-
rios en la lista de las resoluciones.
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Índice General
381
III. La concepción de un control difuso similar para el caso de los procesos judi-
ciales ordinarios y para el caso de los procesos constitucionales..................... 276
IV. Un tema sobre el que sí se pudo y se debió avanzar: el control difuso en el
ámbito de los procesos constitucionales orgánicos .......................................... 281
V. El camino de la jurisprudencia y los criterios en materia de control difuso .... 283
REGLAS SOBRE LOS EFECTOS
Y LOS ALCANCES DE LAS SENTENCIAS
EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VINCULANTE SEGÚN
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PERUANO Y ALGUNAS RAZONES PARA EL DISENSO
I. Introducción ...................................................................................................... 289
II. El origen del precedente constitucional vinculante en el Perú ......................... 290
III. Tres momentos en la construcción del precedente vinculante por el Tribunal
Constitucional peruano ..................................................................................... 292
IV. Defi nición, justifi cación y fundamento del precedente constitucional vincu-
lante según el Tribunal Constitucional peruano ................................................ 295
1. Defi nición y justifi cación del precedente constitucional vinculante ........... 295
2. Fundamento del precedente constitucional vinculante ............................... 297
V. A modo de colofón: algunos problemas del precedente constitucional perua-
no ...................................................................................................................... 311
SENTENCIAS INTERPRETATIVAS:
FUNDAMENTOS, ORIGEN Y CLASES
I. Fundamentos ..................................................................................................... 315
II. Noción y origen de las sentencias interpretativas ............................................. 323
III. Clases de sentencias interpretativas .................................................................. 325
1. Sentencias desestimatorias, de falta de fundamento o de rechazo (rigetto) .. 325
2. Sentencias estimatorias, de incosntitucionalidad o de acogimiento (acco-
glimento) ..................................................................................................... 329
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Instituciones procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
382
EL ACOGIMIENTO DEL “ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL”
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO
I. Introducción ...................................................................................................... 339
II. Sus orígenes y desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Colombia .......................................................................................................... 341
III. El acogimiento del “estado de cosas inconstitucional” por el Tribunal
Constitucional peruano ..................................................................................... 347
IV. El Estado de cosas inconstitucional frente al Código Procesal Constitucional 352
V. Consideraciones Þ nales .................................................................................... 355
LA TÉCNICA DEL OVERRULING EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
I. A manera de introducción ................................................................................. 357
II. Excepciones a la regla del precedente: la técnica del overruling ..................... 359
III. El desarrollo de la técnica del overrruling en nuestro ordenamiento ............... 362
IV. Posibilidad de control constitucional de las resoluciones del Consejo
Nacional de la Magistratura (la aplicación del prospective overruling) .......... 365
V. La técnica del overruling, ¿se aplicó en la STC Exp. N° 1412-2007-AA/TC? .. 369
Índice general ........................................................................................................... 375
AV. ANGAMOS OESTE 526 - MIRAFLORES
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creadas por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional
Compendio de instituciones procesales
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PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL
DERECHOS RESERVADOS
D.LEG. Nº 822
PRIMERA EDICIÓN
DICIEMBRE 2009
3,330 ejemplares
© Gaceta Jurídica S.A.
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2009-16474
LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED
ISBN: 978-612-4038-56-3
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31501220900968
DISEÑO DE CARÁTULA
Martha Hidalgo Rivero
DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES
José Luis Rivera Ramos
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CENTRAL TELEFÓNICA: (01)710-8900
FAX: 241-2323
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San Alberto 201 - Surquillo
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COMPENDIO DE INSTITUCIONES
PROCESALES CREADAS
POR LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AUTORES
SOFÍA LILIANA SALINAS CRUZ
ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI
CYNTHIA VILA ORMEÑO
CLEMENTINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FUENTES
KATHERINE FIORELLA YESQUEN LIHIM
OMAR CAIRO ROLDÁN
CATHERINE SEVILLA TORELLO
ANA CRISTINA NEYRA ZEGARRA
YOLANDA SOLEDAD TITO PUCA
JAIME ESCOBEDO SÁNCHEZ
LUIS R. SÁENZ DÁVALOS
FERNANDO VELEZMORO PINTO
HUMBERTO LUIS CUNO CRUZ
JOSÉ RODOLFO NAUPARI WONG
ALAN CÉSAR MARTÍNEZ MORÓN
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que “nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial de tipo
latino, en virtud del cual el notario es un profesional de Derecho que, en
forma imparcial e independiente, ejerce una función pública, consistente
en autenticar, redactar, conservar y reproducir los documentos, así como
asesorar de manera imparcial a quienes soliciten su intervención, inclu-
yéndose la certifi cación de hechos. Dicha intervención notarial implica,
pues, una doble misión: dar fe pública y forma a los actos para así garan-
tizar seguridad jurídica no solo a las partes sino también a los terceros”
(el resaltado es nuestro).
El asunto quedó más claro con la reciente RTC Exp. N° 03961-2008-
PC/TC (26/05/2009); la importante función del notario público no im-
plica que este deba ser considerado como una autoridad o funcionario,
pues actúa a nombre y por cuenta propia, aunque bajo la supervisión del
Estado, sin que sus actos comprometan a la Administración dado que no
existe la típica relación Administración-administrado. Es por ello que en
aquella ocasión la demanda de cumplimiento fue declarada improcedente
al haberse interpuesto contra un sujeto que no puede ser considerado fun-
cionario o autoridad pública para ser demandado en un proceso como el
que venimos analizando, un notario.
Apréciese que lo que resulta imposible en un proceso de cumplimien-
to –la posibilidad de demandar a un notario público en tanto funcionario–
resulta totalmente admisible en un proceso de distinta naturaleza, como
el hábeas data. Es así como el Tribunal Constitucional(26) ha señalado que
el notario público, “en su calidad de profesional del Derecho autorizado
por el Estado para brindar un servicio público en el ejercicio de su fun-
ción pública, comparte la naturaleza de cualquier funcionario público en
cuanto a la información que genera. En esa medida, toda la información
que el notario origine en el ejercicio de la función notarial y que se en-
cuentre en los registros que debe llevar conforme a la ley sobre la ma-
teria, constituye información pública, encontrándose la misma dentro de
los alcances del derecho fundamental del acceso a la información, sobre
todo si se tiene en cuenta que en el servicio notarial es el notario el único
responsable de las irregularidades que se cometan en el ejercicio de tal
función” (el resaltado es nuestro).
(26) Cfr. SSTC Exps. N°s 00301-2004-HD/TC y 4566-2004-HD/TC.
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El proceso de cumplimiento
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4. El cumplimiento o ejecución de un acto administrativo
firme
En este caso el deber funcional contemplado en el artículo 66.1 del
Código Procesal Constitucional está referido a la ejecución del mandato
contenido en un acto administrativo fi rme.
Como ya hemos señalado supra, la conocida sentencia del caso Villa-
nueva Valverde establece que cuando estemos frente al cumplimiento de
un acto administrativo (además de los requisitos comunes que establece
para este, una norma legal y la orden de emisión de una resolución) son
también requisitos: reconocer un derecho incuestionable del reclamante y
permitir individualizar al benefi ciario.
Ello sucedió en el caso del Exp. N° 01858-2008-PC/TC, donde se so-
licitaba que se ordene el cumplimiento de dos resoluciones administrati-
vas, la Resolución Ministerial N° 059-2003-TR y la Resolución Suprema
Nº 034-2004-TR, de modo que se reincorpore a los demandantes en
sus puestos de trabajo en el Congreso de la República. El Colegiado
Constitucional analiza y determina que el mandato contenido en dichos
actos administrativos cumple con los requisitos establecidos en preceden-
te vinculante establecido en el Exp. N° 00168-2005-PC/TC.
En efecto, el Tribunal al resolver comprueba que la Resolución
Ministerial N° 059-2003-TR expresamente incluye a los demandantes en
la segunda lista de extrabajadores califi cados como cesados irregularmen-
te de sus puestos de trabajo; asimismo, utiliza los criterios del menciona-
do precedente para fundamentar el fallo estimatorio:
“En el presente caso este Tribunal considera que el mandato conteni-
do en las resoluciones referidas cumple los requisitos mínimos comu-
nes que establece el fundamento 14 de la STC N° 00168-2005-PC/
TC, porque a) no han sido declaradas nulas ni derogadas; b) contienen
un mandato claro y cierto, consistente en la inscripción en el Registro
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y en el acogimien-
to de alguno de los benefi cios regulados en el artículo 3 de la Ley
Nº 27803, que es la reincorporación; c) reconocen el derecho de los
demandantes de acogerse al benefi cio de la reincorporación; y, d) por-
que los demandantes se encuentran individualizados como benefi cia-
rios en la lista de las resoluciones.
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Índice General
381
III. La concepción de un control difuso similar para el caso de los procesos judi-
ciales ordinarios y para el caso de los procesos constitucionales..................... 276
IV. Un tema sobre el que sí se pudo y se debió avanzar: el control difuso en el
ámbito de los procesos constitucionales orgánicos .......................................... 281
V. El camino de la jurisprudencia y los criterios en materia de control difuso .... 283
REGLAS SOBRE LOS EFECTOS
Y LOS ALCANCES DE LAS SENTENCIAS
EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VINCULANTE SEGÚN
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PERUANO Y ALGUNAS RAZONES PARA EL DISENSO
I. Introducción ...................................................................................................... 289
II. El origen del precedente constitucional vinculante en el Perú ......................... 290
III. Tres momentos en la construcción del precedente vinculante por el Tribunal
Constitucional peruano ..................................................................................... 292
IV. Defi nición, justifi cación y fundamento del precedente constitucional vincu-
lante según el Tribunal Constitucional peruano ................................................ 295
1. Defi nición y justifi cación del precedente constitucional vinculante ........... 295
2. Fundamento del precedente constitucional vinculante ............................... 297
V. A modo de colofón: algunos problemas del precedente constitucional perua-
no ...................................................................................................................... 311
SENTENCIAS INTERPRETATIVAS:
FUNDAMENTOS, ORIGEN Y CLASES
I. Fundamentos ..................................................................................................... 315
II. Noción y origen de las sentencias interpretativas ............................................. 323
III. Clases de sentencias interpretativas .................................................................. 325
1. Sentencias desestimatorias, de falta de fundamento o de rechazo (rigetto) .. 325
2. Sentencias estimatorias, de incosntitucionalidad o de acogimiento (acco-
glimento) ..................................................................................................... 329
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Instituciones procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
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EL ACOGIMIENTO DEL “ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL”
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO
I. Introducción ...................................................................................................... 339
II. Sus orígenes y desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Colombia .......................................................................................................... 341
III. El acogimiento del “estado de cosas inconstitucional” por el Tribunal
Constitucional peruano ..................................................................................... 347
IV. El Estado de cosas inconstitucional frente al Código Procesal Constitucional 352
V. Consideraciones Þ nales .................................................................................... 355
LA TÉCNICA DEL OVERRULING EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
I. A manera de introducción ................................................................................. 357
II. Excepciones a la regla del precedente: la técnica del overruling ..................... 359
III. El desarrollo de la técnica del overrruling en nuestro ordenamiento ............... 362
IV. Posibilidad de control constitucional de las resoluciones del Consejo
Nacional de la Magistratura (la aplicación del prospective overruling) .......... 365
V. La técnica del overruling, ¿se aplicó en la STC Exp. N° 1412-2007-AA/TC? .. 369
Índice general ........................................................................................................... 375
